Tras la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el juez que debe detenerla el miércoles había pedido licencia de una semana. Pero esta mañana, el magistrado cambió de parecer.
Se trata del juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF N°2), quien iba a entrar de licencia el lunes, algo que estaba previsto antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra la expresidenta. Su lugar lo iba a ocupar el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
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El TOF N°2 ordenó la ejecución de la pena de seis años de prisión y estableció un plazo de cinco días para que la exmandataria -al igual que los otros ocho condenados- se presente ante la Justicia. Solo entonces será efectiva su detención.
Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, confirmó que ya solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.
En 2022, la expresidenta había sido condenada por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de istración fraudulenta. La pena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023, pero el tribunal oral y los camaristas rechazaron incorporar la figura de asociación ilícita.
En abril, la Corte Suprema solicitó al Procurador Eduardo Casal que determine si correspondía revisar la pena de seis años de prisión o elevarla a 12 años por el delito de asociación ilícita, como había pedido el fiscal de Casación, Mario Villar.
Los argumentos que utilizaron los representantes de Cristina para pedir la detención domiciliaria
El escrito que presentaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy detalló las razones para que el Tribunal Oral conceda la prisión domiciliaria.
Una de las primeras fue la edad de la expresidenta, que ya tiene más de 70 años. Pero, además, los doctores hablaron de motivos “de seguridad personal” por los años en el ejercicio de la presidencia que tuvo CFK. Sostuvieron que por su cargo político tuvo a “información sensible de carácter secreto o confidencial”.
Asimismo, otro de los argumentos que aparecen en el escrito es el intento de homicidio que sufrió Cristina en 2022. “Su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, escribieron.
Los abogados también citaron la “ausencia de riesgos procesales”, ya que creen que durante todo el proceso judicial, la exmandataria no presentó “un riesgo procesal de fuga”.
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