El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este miércoles que Lázaro Báez sea trasladado de manera inmediata a una cárcel común para terminar de cumplir su condena en la causa conocida como La ruta del dinero K.
Poco después del mediodía, Báez fue trasladado por Gendarmería al Escuadrón 42 Cabo Víctor Manuel Guerrero en El Calafate para luego ser alojado en la Unidad Penal 15 de Río Gallegos, en Santa Cruz.
La resolución, firmada por Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, ordenó que el empresario sea alojado “en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal”.
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“Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas”, sostiene la decisión judicial a la que tuvo TN.
Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte, los magistrados recordaron que “la ley no prescribe de modo automático la concesión de la prisión domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 10 del Código Penal o art. 32 de la ley 24.660, sino que -eventualmente- sujeta su viabilidad a la apreciación judicial previo trámite de la incidencia que se suscite”.
Báez ya estuvo preso por esta causa y le restan seis años de prisión para cumplir con la condena. Fue condenado por el delito de lavado de activos agravado de US$55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
El caso de La ruta del dinero K
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT, de Jorge Lanata, en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones en una cámara oculta de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Tres años después la causa se reactivó con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes.
En abril del 2016 el juez Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que se fugara. En aquel momento también fue arrestado su abogado Jorge Chueco, que había huido a Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
