Los bloques de la oposición de Diputados recibieron a los rectores de las universidades públicas, en un encuentro organizado por la legisladora Blanca Osuna (Unión por la Patria), vicepresidenta de la Comisión de Educación. Los catedráticos presentaron un proyecto de financiamiento para el sector elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El documento será la base de la discusión que las bancadas de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda solicitarán el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto. Es decir, le pondrán día y hora para que debatan el proyecto y dictaminen para poder llevarlo al recinto.
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Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que es “una propuesta responsable y razonable”, porque “pretende resolver de manera estructural el problema (...) sin comprometer fiscalmente el Estado“.
“La Argentina necesita una economía sólida. En ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de que la educación y la producción científica debe ser una prioridad. Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, delicada, y requiere atención rápida”, completó.
Los diputados se comprometieron a hacer propios esta iniciativa, con muchas similitudes a las ya presentadas por los diputados Danya Tavela, de Democracia para Siempre, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y apurar el debate y el dictamen correspondiente.
El proyecto de financiamiento
En la presentación de su proyecto, los rectores indicaron que el objetivo es garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales de todo el país. Propone, entre otros puntos, garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y el personal no docente para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los Convenios Colectivos de Trabajo.
Además, pretende desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital, y la formación y fortalecimiento de la planta del personal docente y no docente. A su vez, ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales.
En relación con el financiamiento, hace referencia a la ley de Coparticipación Federal de Recursos Federales, al programa “Desarrollo de la Educación Superior de la secretaría de Educación”, del Ministerio de Capital Humano, la denominada “Proporción Universitaria”.
Esta mecanismo se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso. Tendrá como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales; y como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia a la ley de coparticipación federal.
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Crea, además, un fondo anual de 10.000 millones de pesos, actualizable anualmente por la variación del índice de precios al consumidor (IPC), con el fin de generar o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país, y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial.
Hay un artículo específico sobre la situación salarial de los docentes y no docentes universitarios. Le solicitan al Poder Ejecutivo convocar a paritarias para recomponer los salarios, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley.
Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. Además, deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
El antecedente del debate por el financiamiento universitario y el veto de Milei
En 2024 el Congreso dio un debate similar. Aprobó el financiamiento para las universidades, primero en Diputados (el 15 de agosto), y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei. Y luego ese veto resultó blindado por 85 diputados, que impidieron conseguir los dos tercios del Cuerpo para rechazarlo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó -el año pasado- un costo fiscal de 0,14% del PBI de la norma sancionada, que preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales”.
En aquella sesión, del último 9 de octubre, hubo 159 votos afirmativos a rechazar el veto, 85 negativos y cinco abstenciones. El blindaje logrado por Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue con los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, el MID y cinco diputados del radicalismo, que con el tiempo se irían de la bancada de Rodrigo de Loredo y armarían su propio bloque, Liga del Interior, encabezado por Pablo Cervi.
A esos 85 diputados, Milei los calificó como “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos.
