La jubilada agredida por un efectivo en la marcha del miércoles denunció a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la Justicia federal.
Beatriz Blanco, de 87 años, hizo la presentación por los delitos de “lesiones leves” y “lesiones agravadas” en el Juzgado Criminal y Correccional N°1, a cargo de María Servini.
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Se trata de la mujer que fue filmada en medio de los incidentes durante la protesta junto al Congreso de la Nación. En esas imágenes se ve que la mujer forcejea con un agente de la Policía Federal con un palo y este la empuja: Blanco cae de espaldas y queda tendida inmóvil en la vereda.
Según informaron fuentes judiciales a TN, Blanco denunció a dos policías -no pudo identificarlos con nombre y apellido- por haber sido rociada con líquido lacerante y golpeada con una tonfa, lo cual provocó su caída. A Bullrich la acusa de haber sido “autora mediata” (es decir, actuar a través de terceros) y porque los policías responden a sus órdenes.
En la denuncia, que lleva la firma de los abogados Adrián Albor y Daniel Llermanos, la jubilada mencionó que luego del incidente fue al Hospital Argerich, donde -según dijo- fue diagnosticada con “traumatismo encéfalocraneano sin pérdida de consciencia, herida cortante en región occipital e irritación ocular secundaria a gas pimienta”. Pidió declarar como testigo y aportar pruebas.
Bullrich defendió al policía y acusó a la jubilada. “Es una patotera, le pegó como 10 palazos”, fueron las declaraciones de la ministra.
Este viernes, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra los detenidos durante la marcha. Los acusa de “sedición, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y asociación ilícita agravada”. Allí se afirma que el policía “se defendió” de una agresión por parte de la jubilada.
Además, Bullrich adelantó que pedirá el apartamiento de la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de 114 personas que habían sido demoradas en los incidentes.
El Gobierno busca que la Justicia federal investigue el accionar de los manifestantes y apartar al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Andrade.
La magistrada argumentó que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
La primera conclusión del Gobierno tras los incidentes fue que barras de segundas y terceras líneas de Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente alentaron el grave enfrentamiento con la Policía.
En la presentación, a la que tuvo TN, la cartera de seguridad nacional acusó a los intendentes de La Matanza, Lomas de Zamora y a un dirigente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo de haber intervenido en la organización de los barras.
Durante la protesta hubo 124 detenidos y más de 40 heridos. El fotógrafo Pablo Grillo sigue internado, grave, herido por un cartucho de gas lacrimógeno.
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“A los grupos violentos, financiados y movilizados desde municipios, que intentaron desestabilizar el orden constitucional y atacaron a nuestras fuerzas de seguridad, los denunciamos por sedición, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y asociación ilícita agravada”, mencionó la ministra en su cuenta en X.
Y sigue: “La Argentina no será más rehén de los mismos de siempre. A los piqueteros, barrabravas, militantes kirchneristas y de izquierda, a los agitadores que promueven el caos, se les acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. Además, exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia. Ley y orden”.
