El desconcierto se instaló entre los productores agropecuarios de Buenos Aires, porque la segunda cuota del inmobiliario rural llegó con subas del 9,4% promedio, y encendió alarmas en el sector.
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Desde CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), salieron a cuestionar con dureza la legalidad del incremento aplicado por el gobierno de Axel Kicillof.
“Es una situación muy extraña: no hay ley fiscal para 2025, se prorrogó la del año pasado mediante decreto y se actualizaron los valores”, sostuvo Pablo Ginestet, dirigente de CARBAP.
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Según explicó, la primera cuota de este año se facturó con los mismos montos nominales que en 2024, lo cual fue aceptado por los productores. Sin embargo, la sorpresa llegó con la segunda cuota: “El aumento es de 9,4% y se justifica en una cláusula de ajuste por inflación, pero esa prórroga no está clara”, afirmó.
Ginestet remarcó que la potestad para establecer esos valores es del Poder Legislativo, y que Kicillof la prorrogó vía decreto, algo que calificó como “ilegal”.
“Hay una situación confusa que afecta directamente a los productores”
Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, cuestionó el manejo de la istración provincial. “Desde 2023 la provincia no tiene presupuesto. Nos cobran impuestos sobre un gasto que no sabemos cuál es”, denunció.
Los dirigentes expresaron su preocupación ante la falta de una ley fiscal para este año, lo que genera una incertidumbre sobre los pagos y la recaudación. “No sabemos si van a cobrar la quinta cuota como el año pasado. Hay una situación confusa que afecta directamente a los productores”, indicó Kovarsky.
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Además, desde CARBAP advirtieron sobre el impacto del impuesto a los Ingresos Brutos, que alcanza a más contribuyentes por la falta de actualización de los mínimos no imponibles.
El malestar se hace sentir en el campo bonaerense, mientras los productores aguardan definiciones claras sobre la política tributaria en la provincia. Para muchos, la aplicación de subas sin una ley fiscal en vigor es una señal preocupante sobre la transparencia y la legalidad del sistema.
Tasas municipales
Además, el martes representantes de CARBAP se presentaron en la Legislatura bonaerense para exponer el informe El Peso de las Tasas Municipales en Buenos Aires, un relevamiento que detalla la presión impositiva que enfrentan los productores rurales, especialmente sobre la tasa vial –destinada al mantenimiento de caminos– y la guía de traslado de hacienda.
El encuentro fue impulsado por las comisiones de Presupuesto e Impuestos y de Asuntos Agrarios de ambas cámaras legislativas, y reflejó la preocupación del sector ante un sistema que consideran desactualizado y poco transparente.
“Coincidimos en la complejidad del estado y mantenimiento de los caminos rurales en nuestra provincia, que son alrededor de 120 mil kilómetros, y la importancia de garantizar la transitabilidad no sólo para la producción, sino también para la vida cotidiana de miles de vecinos”, expresó la diputada Silvina Vaccarezza, vicepresidenta de la comisión de Presupuesto e Impuestos.
El informe pone el foco en las dificultades que enfrentan los productores, que pagan tasas destinadas a caminos rurales en mal estado o servicios que no reciben.
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Además, durante la reunión se abordó la necesidad de actualizar las normativas y tasas que regulan al sector agropecuario. “El sistema de cría, de agricultura, los sistemas virtuales, digitales, la tecnología, hacen que las leyes y las tasas actuales hayan quedado obsoletas”, señaló Vaccarezza.
Los legisladores destacaron que es fundamental adaptar la legislación para reflejar los desafíos actuales del agro y avanzar en un esquema de financiamiento más justo para las comunidades rurales.
